El Vaticano decretó el viernes nuevas normas que requieren que todo aquel que traiga 10.000 euros (14.000 dólares) o más a la Santa Sede debe declarar ese dinero, la última iniciativa para sumar a la ciudad-estado a las normas financieras internacionales.
La norma fue adoptada el mismo día que la Santa Sede amplió y puso en vigencia las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la creación de un nuevo organismo supervisor financiero encargado de asegurar la transparencia en las finanzas vaticanas.
El Vaticano anunció la medida el 20 de diciembre para cumplir las normas sobre tránsito de divisas de la Unión Europea y disipar su imagen de un paraíso fiscal con reputación de secretos y escándalos.
Mientras tanto, el banco del Vaticano sigue implicado en una pesquisa sobre lavado de dinero que ocasionó la confiscación de 23 millones de euros (31 millones de dólares) y la investigación en septiembre dos de sus directivos.
El Vaticano ha negado haber cometido alguna irregularidad y dijo que la investigación del banco, llamado Instituto para las Obras Religiosas, ocasionó un malentendido que espera sea aclarado. Los fiscales no han acusado de delito o falta alguna a los directivos.
El banco fue creado para gerenciar los activos a su cuidado que son destinados a las obras religiosas o de caridad del Papa.
Empero, regenta además los cajeros automáticos dentro del Vaticano y el plan de pensiones de los miles de empleados del Vaticano.
El banco no está abierto al público y su lista de accionistas es secreta. No obstante, los funcionarios de la entidad dijeron a los fiscales que suman de 40.000 a 45.000 entre congregaciones religiosas, clero, funcionarios vaticanos y laicos relacionados con la Santa Sede.
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