Duras críticas recibió el Gobierno de Evo Morales por el intento de exclusión de algunos presos del caso Rózsa en la misa del papa Francisco en Palmasola.
Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes fueron los detenidos que ayer la Policía retiró de sus celdas horas antes de que el Papa llegara al penal para oficiar la misa.
Los tres procesados en el polémico Caso Rózsa, que permanecen en calidad de detenidos preventivos desde hace seis años, no se han acogido al juicio abreviado como otras personas procesadas en el mismo caso, más al contrario, insisten en su inocencia y responsabilizan al Gobierno del montaje del caso.
Los familiares de los afectados cuestionaron a las autoridades gubernamentales por la acción resaltando que existen otras intenciones por parte del Gobierno.
Retiro anormal. Gary Prado Araúz, defensa de los procesados, confirmó haber recibido la información del retiro de estas personas a las cuatro de la mañana con treinta minutos, en donde le señalaron que fueron llevados hacia una oficina policial en el pabellón de máxima seguridad, Chonchocorito.
Según fuentes penitenciarias, los tres fueron retirados de sus celdas con sus ropas de dormir, por órdenes del Ministerio de Gobierno, para que no estén presentes en la homilía papal. "Los sacaron con sus ropas de dormir, sin abrigarse, con chinelas, sin esperar a que Alcides Mendoza tome sus medicamentos. Los han tenido encerrados sin motivo alguno", dijo Prado, cuestionando la acción de los uniformados y principalmente de los alto mandos policiales al emitir la orden.
Finalmente, cerca de las 10 de la mañana, los tres recluidos fueron restituidos a sus celdas en el PC4, donde se desarrolló la misa del papa Francisco, aunque en esta oportunidad estuvieron en un espacio más alejado de la autoridad católica y no tan cerca como ellos querían estar.
El comunicado recibió mayor crítica por parte de Prado: "Hubo un miedo ridículo al sacarlos porque nada pueden hacer tres detenidos preventivos entre 3.000 detenidos y un miedo a que se exponga sus abusos. Pero no contaban con la cobertura mediática, las denuncias en las redes sociales y se asustaron", sostuvo.
Pase libre. Inmediatamente después de que se conociera que los tres privados de libertad regresaron a sus celdas, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que negaban las acusaciones vertidas por Prado.
"El Ministerio de Gobierno ha instruido a las autoridades de Régimen Penitenciario facilitar la presencia sin restricciones de todos los presos en la misa papal. Por tanto, se descarta cualquier versión interesada de aislamiento o afectación de derechos contra alguna persona en particular, como malintencionadamente se ha pretendido insinuar a través de algunos mensajes en las redes sociales", cita el comunicado gubernamental.
Molestia de familiares. María del Carmen Morales, esposa del General Gary Prado Salmón que está involucrado en el caso, cuestionó a las autoridades gubernamentales y señaló que considera que esta acción demuestra, a su parecer, el Gobierno intentaba ocultar algo.
"Cuando uno quiere esconder algo es porque sabe que lo que hace está mal, es porque sabe que es culpable y no quieren que se sepa la verdad ante el mundo. Más allá del atropello, del autoritarismo, parecen dictadores todas las autoridades de este gobierno. ¿A qué le tienen miedo?", cuestionó María del Carmen.
Al mismo tiempo, aprovechó para recordar que durante la misa del papa Francisco el pasado jueves, personal policial y de Inteligencia impidieron a los familiares de presos y perseguidos políticos continuar con su campaña del pedido de amnistía. "No entiendo cuál fue el afán de quitarles el material, no comprendo por qué se intenta reprimir así a la gente inocente, en un acto que servía para la paz de los bolivianos, no les importó los motivos y la importancia de estos actos para los afectados", precisó.
Observaciones al actuar. Gary Prado Araúz afirmó que ninguno de los tres acusados en el caso Rózsa tenía la intención de llegar hasta el papa Francisco para contarle sobre los hechos que se registraron y que aún se registran en el polémico Caso Rózsa. "El Gobierno quiere esconder sus pecados, esto lo que hizo es una violación a los derechos humanos de estas tres personas inocentes. Sin duda la intención era tenerlos excluidos de la misa que iba a dar el Papa, pese a que ellos ni siquiera tenían previsto hablar con él", precisó.
Señaló que tiene dos hipótesis como motivos para la reacción del Gobierno: El primero, que el gobierno quiere esconder su pecados, ellos deberían defenderse en libertad así lo decían las normas cuando fueron aprehendidos.
El segundo es buscar quebrarles la moral, como lo hicieron, con Ignacio Villa Vargas apodado "El Viejo", Zoilo Salces, Mario Tadic, Elöd Tóásó y otros acusados, que se sometieron a juicio abreviado en un hecho falso.
Sobre esto, recordó que la norma establecía como un acto de violación a los derechos humanos tener a una persona por más de 24 meses en calidad de detenido preventivo y que debería ser liberado de forma inmediata al concluirse este tiempo.
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