A principios de la década de los años 80, el IOR (banco del Vaticano) se vio salpicado por el escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano de Roberto Calvi, quien fue encontrado ahorcado bajo un puente de Londres en 1982.
En aquel entonces, Scotland Yard dejó entrever que el banquero había sido asesinado. No obstante, según el periódico The Guardian, “hubo cierta presión desde Roma para que se cerrara un caso de suicidio”.
La bancarrota originó la quiebra de una treintena de empresas, y aunque el Vaticano siempre rechazó cualquier responsabilidad, sí admitió su “implicación moral” y pagó 241 millones de dólares a los acreedores del Banco Ambrosiano.
En 1989 el papa Juan Pablo II decidió reformar el banco para dotarlo de una mayor transparencia y rigor en su gestión y el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, que presidía el IOR, fue sustituido de inmediato.
Unos meses antes, en junio de 1988, el Tribunal Constitucional italiano sentenció que la justicia italiana no podría procesar a Marcinkus por su presunta responsabilidad en la quiebra del Banco Ambrosiano.
Con el estatuto impulsado por Juan Pablo II, el banco adquirió su estructura actual: un consejo de administración laico, con un presidente a la cabeza, y un director general asistido por un vicedirector. Todo muy ejecutivo.
A pesar de ello ni Juan Pablo II ni su entorno consiguieron otorgar la transparencia necesaria y exigida a esta institución.
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