El mayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, y un informático del Vaticano serán juzgados por el robo y difusión de documentos secretos de la Santa Sede, según la decisión del juez instructor del Tribunal de Estado Vaticano, Piero Antonio Bonnet.
La petición de enjuiciamiento por parte del promotor de Justicia del Vaticano (fiscal), Nicola Picardi, y el dictamen de Bonnet, documentos que suman 30 páginas, fueron entregados ayer por el Vaticano a los medios de comunicación.
Además de la sustracción de documentos reservados, entre el material retenido "se encontró un cheque a nombre de Benedicto XVI por un valor de 130.000 dólares, una pepita de oro y una edición ilustrada de la Eneida de Annibal Caro de 1581, todos ellos regalos ofrecidos al Santo Padre", refiere el fallo.
Interrogado sobre ello, agrega el documento jurídico, el imputado Gabriele dijo: "En la degeneración de mi desorden ha podido ocurrir también esto".
Junto al ciudadano vaticano Gabriele, de 46 años, al que se le imputa el delito de robo con agravante, el juez acusa también al ciudadano italiano y técnico en la Secretaría de Estado Claudio Sciarpelleti, de 48 años, "de haber favorecido el robo con agravante y de violación de secreto".
El proceso penal de tres jueces se celebrará después del 20 de septiembre y la pena que puede recaer, sobre todo a Gabriele, oscila entre uno a seis años, aseguró el portavoz del Vaticano, el jesuita Federico Lombardi, en rueda de prensa.
Con el envío a juicio de los dos empleados vaticanos no concluyen las investigaciones sobre la sustracción de documentos —dijo Lombardi— ni tampoco se excluye la posibilidad de otros posibles cómplices de Gabriele.
"La instrucción vaticana va adelante, aunque con tiempos consistentes por su meticulosidad", matizó el jesuita.
Sobre Gabriele, Lombardi explicó que fue sometido a dos peritajes psiquiátricos, uno por parte del Tribunal Vaticano y otro pedido por su abogado defensor, y ambos demostraron que era "una persona correcta y normal" que cometió un "hecho extremadamente grave".
El escándalo de las filtraciones de documentos reservados de la Santa Sede se desató a principios de año, cuando una televisión italiana sacó a la luz unas cartas enviadas a Benedicto XVI por el nuncio en EEUU, Carlo María Viganó, en las que denunciaba la "corrupción, prevaricación y mala gestión" en la administración vaticana.
A mediados de abril, el Papa creó una Comisión Cardenalicia, presidida por el español Julián Herranz, para esclarecer el robo y filtración de cientos de documentos privados.
El 19 de mayo pasado se publicó el libro "Sua Santitá", de Gian Luigi Nuzzi, con un centenar de nuevos documentos filtrados desde el Vaticano que desvelan tramas e intrigas en el pequeño Estado.
EL INFORMÁTICO
Claudio Sciarpelletti (48), laico y especialista informático adscrito a la oficina de la Secretarí-a de Estado de la Santa Sede, irrumpió por primera vez en el caso filtraciones del Vaticano.
El juez instructor del caso, Piero Bonnet, envió a juicio al informático por el delito de encubrimiento, aunque, según la sentencia, no procede la acusación por delito de violación de la confidencialidad ni por complicidad, en el delito de robo agravado, "por insuficiencia de pruebas".
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