El cártel de Los Caballeros Templarios aceptó mediante anuncios callejeros una tregua pedida por un jerarca católico durante el viaje en marzo de Benedicto XVI a México, mientras el gobierno aseguró este martes que puede garantizar "el imperio de la ley" en la gira.
Una decena de letreros firmados por Los Caballeros Templarios aparecieron el lunes en varias ciudades del estado de Guanajuato (centro), en los que dicen aceptar la tregua y anuncian que tampoco permitirán acciones de sus adversarios.
El secretario de Gobernación (ministro del Interior), Alejandro Poiré, consultado en una conferencia de prensa señaló escuetamente que "en Guanajuato habrá seguridad basada en el imperio de la ley".
Benedicto XVI estará entre el 23 y el 26 de marzo en tres ciudades de Guanajuato.
Ese estado hace parte de los territorios que Los Caballeros Templarios -una sangrienta escisión de cártel de La Familia- disputa con otros grupos criminales, en especial con el cártel Nueva Generació," aliado del prófugo Joaaquín "Chapo" Guzmán, considerado el capo más poderoso de México.
"Queremos un Guanajuato en paz, así que no piensen en generar violencia y menos en la llegada de Su Santidad Benedicto XVI, quedan advertidos", señala uno de los mensajes colocados por el cártel, según contó a la AFP un mando policial de la zona que pidió el anonimato.
El 22 de enero José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, capital de Guanajuato donde se alojará el Papa, lanzó un llamado para crear un ambiente de paz durante la visita del Pontífice.
Benedicto XVI llegará a León el viernes 23 de marzo y al día siguiente se reunirá con el presidente Felipe Calderón en el casco histórico de Guanajuato. El domingo 25 ofrecerá una misa campal en la ciudad de Silao y el 26 saldrá rumbo a Cuba.
Más de 50.000 mexicanos, según conteos de prensa, han muerto en la ola de violencia desatada desde que hace cinco años el gobierno desplegó a los militares para perseguir a los cárteles.
La mayor parte de las víctimas corresponde a disputas entre cárteles, pero la cifra incluye también a miembros de la fuerza pública y delincuentes caídos en operativos, así como una cifra no precisada de civiles ajenos al crimen organizado.
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