Senador Edwin Rodríguez Ministerio Público debe llegar a la verdad en caso Zapata

El Arzobispado de Santa Cruz rechazó la propuesta de la Cumbre de Justicia que se realizó en la ciudad de Sucre, sobre la aplicación de la cadena perpetua a los delitos de violación y asesinato a menores de edad, como una forma de endurecer las sanciones de parte del Estado.

Monseñor Sergio Gualberti, en su homilía de este domingo, se refirió a la iniciativa que dejó el vicepresidente Álvaro García Linera cuando el viernes inauguró la Cumbre, la que finalmente, a través de la Mesa 4, aceptó y la aprobó como resultado de su trabajo de dos días.

“Esta medida es una muestra de total desconfianza en la capacidad del hombre de reconocer sus errores y de cambiar su vida, y también va en contra la Constitución Política del Estado y de los Derechos Humanos al determinar la muerte moral y social de las personas”, dijo en su mensaje difundido por radio Santa Cruz de la red Erbol

Advierte “además que esta normativa en situaciones de una administración corrupta de la justicia, puede prestarse a graves abusos, como enseña la historia. Es una medida innecesaria visto que experiencias similares vigentes en diversos países, han fracaso en su objetivo”.

Sostuvo que la actitud de Dios para con nosotros es distinta a la de la Cumbre de Justicia de Sucre que ha decidido implementar penas más duras para los privados de libertad y la pena de la cadena perpetua en nuestro país para determinados delitos.

PROPUESTA

En la mesa cinco de la Cumbre de Justicia se decidió incluir la cadena perpetua como sanción máxima para violadores de niñas y niños que hayan fallecido producto del abuso. Esta decisión implica la modificación de la Constitución, ya que la Carta Magna establece 30 años de cárcel como pena máxima. En la inauguración de la Cumbre, el vicepresidente Álvaro García adelantó el pedido de Gobierno, para que también se implemente la acumulación de condenas.

En este punto, las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial reconocieron que para implementar estas medidas, se debe modificar la Constitución.

También se trató la “política criminal y justicia penal”, se planteó la reestructuración y reforma integral del sistema penitenciario y seguridad penitencia.