En los últimos nueve años, tres sacerdotes católicos fueron acusados de distintos delitos sexuales en Bolivia. Dos de ellos se sentaron en el banquillo de los acusados y fueron sentenciados por la justicia ordinaria. El tercero, de nacionalidad uruguaya, huyó a su país y el caso quedó impune, según el registro hemerográfico de OPINIÓN.
PRIMER CASO Ocurrió en un internado rural de Tapacarí, uno de los municipios más pobres de Cochabamba en 2007. El entonces sacerdote uruguayo Juan José Santana Trinidad fue denunciado el 1 de noviembre de ese año por abuso deshonesto (toques impúdicos) y violación en contra de unos 30 menores de edad, ante el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
Esta instancia, en lugar de denunciar el caso de inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, conformó una comisión para hablar con las víctimas en Tapacarí y verificar las presunciones.
La denuncia formal fue presentada recién el 7 de noviembre, pero el sacerdote Juan José Santana se fugó antes y se refugió con su familia en Salto, Uruguay. Las autoridades judiciales en Bolivia dijeron que seguirían el proceso penal en contra de él en rebeldía.
El arzobispo en ese tiempo, Tito Solari, se presentó ante la Fiscalía para informar todo lo que sabía de Santana y colaborar con las pesquisas. La Iglesia católica lo procesó internamente y declaró laico al exsacerdote.
Tres años después de la fuga, en abril de 2010, un periodista del diario La República halló a Juan José Santana en su casa de Salto. Este le dijo que hasta ese momento la justicia boliviana no había librado un exhorto a Interpol para pedir su captura internacional.
Sobre las denuncias en su contra, Santana le confesó al periodista: “Son ciertas. Es lo que te puedo decir. Sabes una cosa? Estoy muerto”. Han pasado seis años desde esa entrevista y el exsacerdote no ha sido capturado. Según el secretario ejecutivo de comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Rivera, el caso habría prescrito.
SEGUNDO CASO Sucedió en 2009 en dos localidades del Valle Alto: San Benito e Itapaya. Varios padres que planeaban ir a España para trabajar y ahorrar dinero optaron por dejar a sus hijos, de entre 5 y 15 años, en un internado al cuidado del entonces sacerdote católico José Mamani Ochoa. En el momento en que se supo de los vejámenes, en el internado habían 17 menores. De acuerdo a la denuncia inicial de un adolescente de 13 años y su madre, José Mamani habría vejado a todos. Acostumbraba a bañar a los menores y los tocaba impúdicamente. Cada noche entraba a la cama de un menor distinto, en medio de la oscuridad, y lo vejaba.
Al día siguiente, para confundir a sus víctimas, les decía que la persona que entró a sus camas se llamaba “John” y ya se había ido. Las autoridades eclesiales ya habían tenido un problema de orden administrativo con él, en San Benito y por ello lo sancionaron enviándolo a Itapaya, pero Mamani se trasladó a otro centro en esa localidad y se llevó a los menores con él fraguando documentos.
Un adolescente escapó del centro de Itapaya tras ser vejado y le contó todo a su madre que aún no había partido. Fue a la Policía a denunciar el hecho, pero según él no le prestaron atención. Entonces acudieron al exarzobispo de Cochabamba Tito Solari.
La denuncia llegó a la Policía y José Mamani fue capturado cuando llegaba al seminario San Luis, el 6 de julio de 2009. Solari llamó a conferencia de prensa y comunicó lo sucedido. Paralelamente, le iniciaron un proceso interno, lo destituyeron y declararon laico.
El proceso de investigación fue difícil porque los padres de los menores se negaban a creer en los vejámenes e incluso quisieron agredir a los policías investigadores y a la fiscal Cynthia Prado que iba en busca de testimonios.
Finalmente, el 23 de diciembre de 2010, con siete violaciones comprobadas, el Juzgado de Sentencia 3 condenó a José Mamani Ochoa a 22 años de cárcel en San Sebastián.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez de Cochabamba apelaron y pidieron una condena de 30 años por concurso de delitos, pues el exsacerdote también estaba acusado de fraguar documentos, de corromper a menores al obligarles a beber alcohol, además de trata y tráfico. La sentencia ya fue ejecutoriada y Mamani continúa preso en San Sebastián, donde cocina y vende almuerzos a otros internos.
Un sentenciado se quitó la vida
El tercer caso ocurrió en 2007 en Zudañez, Chuquisaca. El exsacerdote Eduardo Revich fue acusado de abuso deshonesto (toques impúdicos) y corrupción de 18 niños menores de edad mientras era párroco del poblado de Icla y dirigía un centro de atención a niños y adolescentes de escasos recursos.
En una primera instancia, Revich fue condenado a 10 años de cárcel, pero las víctimas lograron que el proceso sea anulado por una Sala Penal. El 12 de abril de 2011, Eduardo Revich fue sentenciado a 15 años de prisión.
Apeló la condena y obtuvo una detención domiciliaria por razones de salud, pero poco después surgieron nuevas denuncias de violación a menores por lo que se abrió un nuevo proceso en su contra.
En febrero de 2013, Revich no se presentó a una audiencia cautelar por lo que un Juzgado ordenó su captura. El 21 de ese mismo mes, al enterarse que sería conducido de nuevo a la cárcel, Revich se encerró en su domicilio y allí se ahorcó usando una cuerda plástica.
Desde las primeras denuncias, la Iglesia católica había suspendido del ejercicio religioso a Revich, lo declaró laico y ordenó el cierre del centro de acogida para menores donde ocurrieron los hechos.
No hay otros casos
Según la Fiscalía de Cochabamba no han habido denuncias en contra de otros sacerdotes.
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