Iglesia admite casos y se abre a una investigación

La Iglesia católica sale al paso de las acusaciones del Gobierno y cita dos casos como ejemplo de su voluntad de investigar supuestos abusos de menores por parte de sacerdotes. Los hechos sucedieron en 2007 y 2009, en Cochabamba.

José Rivera, en su condición de secretario ejecutivo de comunicación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), informó a EL DEBER que existe el registro de dos procesos judiciales contra sacerdotes por ‘abuso deshonesto’ de menores. Ambas personas, cuyos nombres no se dieron a conocer, fueron reducidas al estado laical, es decir, perdieron su calidad de integrantes del clero. Uno recibió pena carcelaria y el otro proceso se extinguió.

Ahora la Iglesia se abre a la investigación anunciada por el vicepresidente, Álvaro García Linera, sobre miembros de la cristiandad presuntamente involucrados en casos de violación a niños. “Cualquier investigación que tenga como objetivo descubrir la verdad y sobre todo proteger a la población y a las víctimas inocentes, como son los niños, es bienvenida, pero no tiene por qué reducirse (a la Iglesia)”, explicó el vocero nacional de la jerarquía religiosa.

En referencia a las dos causas, Rivera agregó que “han sido denunciadas por parte de la gestión de la Iglesia y comunicadas al Vaticano (...) Han sido manejadas con transparencia e incluso en el Vaticano han sido consideradas como ejemplos de cómo proceder”.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, manifestó ayer que “todos los bolivianos saben del abuso que cometen los sacerdotes” e indicó que “no tenemos un plazo, pero sí necesitamos tener esas denuncias que se han registrado en Cochabamba y en otros departamentos”.

El vocero de la Iglesia en Santa Cruz, Erwin Bazán, que hace un par de días afirmó que “no existe un obispo en Bolivia acusado de ese delito”, ahora prefirió señalar que se esperará que exista una posición oficial de la Conferencia Episcopal, antes de comentar sobre la instrucción del Gobierno.

Tensa relación
El secretario de comunicación de la Conferencia Episcopal califica de “difícil” la relación actual con el Gobierno nacional.
“La Iglesia tiene la misión de anunciar y denunciar. Normalmente la misión puede resultar incómoda a las autoridades y en cualquier tipo de régimen siempre han existido diferencias”, indicó Rivera.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, se limitó a afirmar que la relación con el clero católico es “oficial” y que se respetan las posiciones que asume, pero se rechaza su actuación política en algunos temas.

“La Iglesia Católica es una institución y el Gobierno tiene una relación que no está deteriorada, pero hay algunos miembros del clero que tienen manifestaciones inaceptables”, aseveró.

Género y cadena perpetua
Como Conferencia Episcopal, Rivera detalló que se rechaza la Ley de Igualdad de Género y la posibilidad de cadena perpetua. La primera por ser “poco difundida y no merecer reflexión mayor” y la segunda debido a que “representa un retroceso porque amenaza los valores fundamentales”