Iglesia marcha con discapacitados

VICARIO JUDICIAL DEL ARZOBISPADO, PADRE MIGUEL MANZANERA.

Cochabamba, (EL DIARIO).- Representantes de la Iglesia Católica marcharon ayer en Cochabamba junto a personas con discapacidad que desde hace más de dos meses continúan en vigilia exigiendo al Gobierno un bono mensual de 500 bolivianos que posibilite cubrir sus necesidades básicas.

El vicario judicial del Arzobispado, padre Miguel Manzanera, quien participó de la movilización que recorrió el centro de la ciudad y se concentró en la plaza principal 14 de Septiembre, lamentó que el Gobierno hasta la fecha no haya atendido el pedido de este sector vulnerable de la sociedad.

“Pese la marcha tan sacrificada que han hecho hasta la ciudad de La Paz no les han escuchado, más bien los han cercado, gasificado”, manifestó.

El representante del Arzobispado de Cochabamba exhortó a las autoridades a solidarizarse con el prójimo y dar una respuesta favorable a su pedido teniendo en cuenta la situación de este sector que se ve imposibilitado de generar sus propios ingresos económicos por su delicado estado de salud.

“El Gobierno debería atender la solicitud de un bono de 500 bolivianos, son personas que no pueden manejarse y no hace falta más que verlos”, exhortó.

Por su parte, dirigentes del sector en Cochabamba señalaron que mantendrán su vigilia en la plaza principal 14 de Septiembre y asumirán nuevas medidas de presión extremas hasta conseguir que la dirigencia nacional se reúna con el Presidente.

“No va ser en vano todo lo que estamos pasando, estamos pidiendo un bono mínimo, seguiremos con el apoyo de otros sectores como la Iglesia”, manifestó José Vargas.

Explicó que los 1.000 bolivianos anuales que reciben son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas de salud, alimentación y transporte.

“Quién puede vivir con 2.50 bolivianos por día, es una burla el bono que nos dan, que tengan un poco de consideración”, recalcó.

El gobernador Iván Canelas insistió en que solamente en la mesa del diálogo se podrá resolver este conflicto social asegurando que como Gobernación de Cochabamba no se cuentan con los recursos económicos para sustentar este beneficio.