La Iglesia Católica de Colombia reiteró hoy su rechazo al aborto ante la presentación en el Congreso de una iniciativa que busca despenalizar esta práctica y argumentar que es un derecho de las mujeres.
El secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Daniel Falla, advirtió a periodistas que el aborto "no es un derecho fundamental". Una "minoría" busca "imponer en Colombia el aborto como un derecho fundamental", sostuvo el jerarca, y notificó que la Iglesia Católica no cejará en la lucha y no aceptará que se apruebe esta práctica en el país.
Según el secretario de la CEC, no hay ningún tratado internacional que reconozca el aborto "como un derecho fundamental". Así, insistió, la Iglesia Católica se opone a esa práctica que atenta contra los derechos humanos. La Iglesia considera que "no es posible obligar a ningún Estado a incluir en la Constitución" una disposición como esa, añadió Falla.
Recordó que la CEC emitió un documento en el que fijó su postura y matizó que en éste se indica que "ninguna circunstancia, por grave que parezca, puede justificar ni convertir en legal o moralmente aceptable el hecho de causar intencionalmente la muerte de un ser humano inocente". La misma Iglesia Católica considera que la mujer "es una víctima más" del aborto y este "no es un derecho y menos de rango fundamental".
La Cámara de Representantes recibió esa semana la iniciativa de los legisladores Germán Navas Talero y Alfonso Prada para "regular" los tres casos en los cuales el aborto es permitido en Colombia. El proyecto busca que un artículo de la Constitución Nacional quede así: "El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. La interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse en los casos autorizados por la ley".
El secretario de la CEC también reiteró que la Iglesia Católica tampoco aprueba la utilización de los métodos de anticoncepción de emergencia, es decir, la "píldora del día después". Indicó que "cualquier método que atente contra la vida humana nunca podrá ser aprobado".
El congresista Navas argumentó que es un deber permitir que "la mujer pueda ejercer el control sobre su cuerpo y su sexualidad".
Asimismo, recordó que hay tres casos específicos contemplados por una sentencia de la Corte Constitucional, en la cual se estipula que el embarazo podrá ser interrumpido por malformaciones del feto, riesgo inminente de la vida de la madre o en caso de que la mujer haya sido violada.
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