L a Iglesia Católica admitió ayer que en 1999, cuando el cardenal Julio Terrazas era arzobispo de Santa Cruz, recibió 115.000 bolivianos del Estado que fueron destinados a un albergue de niños cuyos padres fueron condenados por la Ley 1008 y lamentó la presentación “incompleta y tendenciosa” de la información del caso por del fiscal paceño Félix Peralta.
Estas precisiones fueron emitidas ayer por los directivos de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en una conferencia de prensa en Cochabamba.
El 29 de mayo pasado, el fiscal Peralta reveló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) le remitió un informe sobre destinos de los gastos reservados en el que figura Julio Terrazas con 115.000 bolivianos, y exhibió la copia de un cheque endosado con su firma.
Esas acusaciones desataron un escándalo y fueron rechazadas por la Conferencia Episcopal de Bolivia, y el Fiscal recibió duras críticas por sus declaraciones tanto del Gobierno como de la oposición. Días después, por orden de la Fiscalía General, Peralta fue alejado de la investigación de la presunta malversación de los gastos reservados en gobiernos de pasados (1995-2005).
En 1999, el Ministerio de Gobierno y la Iglesia Católica firmaron un convenio por el cual el Estado destinó 115.000 bolivianos para que fueran canalizados a la compra de mobiliario para el Hogar de la Esperanza de Santa Cruz.
En la nota de los obispos se indica que ni el Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra ni el entonces monseñor Julio Terrazas “tuvo información y tampoco tenía que tenerla de qué fondos del Ministerio de Gobierno provenía el dinero”, pues en el comprobante de contabilidad indica como fuente de financiamiento la sigla RPR, mientras que el cheque es de la cuenta 626726 07.B.700 “Ministerio de Gobierno Gastos Cuenta fiscal”.
No obstante, según la Iglesia, “una investigación desplegada por la Arquidiócesis de Santa Cruz (…) revela que para la atención y cuidado de un albergue de niños que viven en la cárcel (en gran parte hijos de condenados por la Ley 1008) y en la calle, y a raíz de un convenio suscrito con el Estado, el Ministerio de Gobierno desembolsó Bs 115.000”. Además se agregó que dicho cheque fue inmediatamente depositado en la cuenta del albergue de niños Hogar de La Esperanza para ser usado, “como efectivamente ocurrió”.
En el comunicado se indica que “la atención de esos niños debería ser labor del Estado, pero la Iglesia la asumió porque sí le interesa el bienestar de su pueblo en fidelidad a su misión evangélica. Es ésa la verdad plena”. Con Terrazas fue implicado el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien también recibió recursos del Estado, para indemnizar a familias de las víctimas de la represión policial.
Los obispos, asimismo, criticaron ayer la “relación incompleta” de los hechos efectuada por el fiscal Peralta y se da detalles sobre ese cheque al que hizo referencia el Fiscal, las cuentas y comprobantes del depósito y desembolso de esos fondos y el destino para el cual fueron entregados, y los convenios suscritos con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario para la compra del mobiliario para el albergue.
El comunicado dice: “Cursa en archivos del Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra toda la documentación de respaldo del presente informe. Como en todos los casos, la Iglesia siempre actúa con la seriedad y transparencia que corresponde. Sería deseable que las autoridades encargadas de las investigaciones tengan el mismo celo por la verdad plena”.
El comunicado de la Iglesia Católica sale al día siguiente de la inauguración de la 89.ª Asamblea de Obispos, que se desarrolla en la Casa Maurer de Cochabamba y terminará el fin de semana.
En el documento, los obispos una vez más, lamentan que se haya hecho un uso incompleto de datos que “insinúan conclusiones falsas”, y manifiestan su confianza en que sucesos de esta naturaleza no se repitan ni con respecto a la Iglesia ni a otras personas o instituciones del país. “Queda la pregunta de cuál fue la intención y si hubo inspiradores de las declaraciones del Fiscal”.
En Cochabamba se desarrolla la 89.ª Asamblea de los obispos del país.
Declaraciones desatan una polémica
El mensaje del cardenal Julio Terrazas de “salvaguardar” la autonomía del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sus cortes departamentales electorales, pese a denuncias de supuesto fraude y corrupción en las elecciones regionales del 4 de abril, desató ayer una polémica entre los legisladores de la oposición y del oficialismo respecto de la posición de la Iglesia Católica en el país.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que “como decía Cristo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, unos son temas religiosos y otros son los temas políticos; lo del mundo político, al mundo político; lo del mundo religioso, al mundo religioso”. Por su parte, el parlamentario de la opositora Convergencia Nacional (CN) Bernard Gutiérrez consideró que las declaraciones del Cardenal no representan una posición política, sino “una posición ciudadana absolutamente responsable”. “No creo que sea una posición política el hecho de reclamar el fortalecimiento de nuestras instituciones, debe existir un compromiso, no sólo de la comunidad política”.
Los documentos
En los documentos del Arzobispado figuran: fotocopia del cheque No. 03202 de la Cta. No. 10000626726 del Banco de la Unión S.A., del 22 de abril de 1999 a nombre de Julio Terrazas por Bs 115.000, firmado por el jefe de Unidad Administrativa y el Director General de Asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno.
En el archivo consta también el “comprobante de contabilidad No. 988” enviado con el cheque por el Ministerio de Gobierno, en el que se indica el destino de dichos fondos: “Compra de mobiliario a requerimiento de la Dirección Gral. de Régimen Penitenciario y se adjunta convenio interinstitucional y hoja de ruta Nro. 667/99”.
El cheque No. 03202 del Banco Unión S.A. fue recibido en el Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra con nota del 10 de mayo de 1999 del Ministerio de Gobierno firmada por Marianela Áñez de Nayar y dirigida a monseñor Julio Terrazas.
El indicado cheque fue endosado por Mons. Julio Terrazas como titular del ARZOBISPADO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA y depositado el 12 de mayo de 1999 en la Cta. Nro. 1042-164359 del Banco Económico S.A., a nombre del ARZOBISPADO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA-ALBERGUE DE NIÑOS, cuenta específica que existió para administrar todos los recursos financieros para construir y equipar el ALBERGUE DE NIÑOS denominado HOGAR DE LA ESPERANZA. Este albergue existe.
El convenio al que se hace referencia en el comprobante de contabilidad N. 988 del Ministerio de Gobierno se refiere al suscrito el 3 de abril de 1998, entre el DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN, en ese entonces YOLANDA PRADA DE BANZER y la ARQUIDIÓCESIS DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, representada por monseñor Julio Terrazas como Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra.
Estas precisiones fueron emitidas ayer por los directivos de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en una conferencia de prensa en Cochabamba.
El 29 de mayo pasado, el fiscal Peralta reveló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) le remitió un informe sobre destinos de los gastos reservados en el que figura Julio Terrazas con 115.000 bolivianos, y exhibió la copia de un cheque endosado con su firma.
Esas acusaciones desataron un escándalo y fueron rechazadas por la Conferencia Episcopal de Bolivia, y el Fiscal recibió duras críticas por sus declaraciones tanto del Gobierno como de la oposición. Días después, por orden de la Fiscalía General, Peralta fue alejado de la investigación de la presunta malversación de los gastos reservados en gobiernos de pasados (1995-2005).
En 1999, el Ministerio de Gobierno y la Iglesia Católica firmaron un convenio por el cual el Estado destinó 115.000 bolivianos para que fueran canalizados a la compra de mobiliario para el Hogar de la Esperanza de Santa Cruz.
En la nota de los obispos se indica que ni el Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra ni el entonces monseñor Julio Terrazas “tuvo información y tampoco tenía que tenerla de qué fondos del Ministerio de Gobierno provenía el dinero”, pues en el comprobante de contabilidad indica como fuente de financiamiento la sigla RPR, mientras que el cheque es de la cuenta 626726 07.B.700 “Ministerio de Gobierno Gastos Cuenta fiscal”.
No obstante, según la Iglesia, “una investigación desplegada por la Arquidiócesis de Santa Cruz (…) revela que para la atención y cuidado de un albergue de niños que viven en la cárcel (en gran parte hijos de condenados por la Ley 1008) y en la calle, y a raíz de un convenio suscrito con el Estado, el Ministerio de Gobierno desembolsó Bs 115.000”. Además se agregó que dicho cheque fue inmediatamente depositado en la cuenta del albergue de niños Hogar de La Esperanza para ser usado, “como efectivamente ocurrió”.
En el comunicado se indica que “la atención de esos niños debería ser labor del Estado, pero la Iglesia la asumió porque sí le interesa el bienestar de su pueblo en fidelidad a su misión evangélica. Es ésa la verdad plena”. Con Terrazas fue implicado el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien también recibió recursos del Estado, para indemnizar a familias de las víctimas de la represión policial.
Los obispos, asimismo, criticaron ayer la “relación incompleta” de los hechos efectuada por el fiscal Peralta y se da detalles sobre ese cheque al que hizo referencia el Fiscal, las cuentas y comprobantes del depósito y desembolso de esos fondos y el destino para el cual fueron entregados, y los convenios suscritos con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario para la compra del mobiliario para el albergue.
El comunicado dice: “Cursa en archivos del Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra toda la documentación de respaldo del presente informe. Como en todos los casos, la Iglesia siempre actúa con la seriedad y transparencia que corresponde. Sería deseable que las autoridades encargadas de las investigaciones tengan el mismo celo por la verdad plena”.
El comunicado de la Iglesia Católica sale al día siguiente de la inauguración de la 89.ª Asamblea de Obispos, que se desarrolla en la Casa Maurer de Cochabamba y terminará el fin de semana.
En el documento, los obispos una vez más, lamentan que se haya hecho un uso incompleto de datos que “insinúan conclusiones falsas”, y manifiestan su confianza en que sucesos de esta naturaleza no se repitan ni con respecto a la Iglesia ni a otras personas o instituciones del país. “Queda la pregunta de cuál fue la intención y si hubo inspiradores de las declaraciones del Fiscal”.
En Cochabamba se desarrolla la 89.ª Asamblea de los obispos del país.
Declaraciones desatan una polémica
El mensaje del cardenal Julio Terrazas de “salvaguardar” la autonomía del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sus cortes departamentales electorales, pese a denuncias de supuesto fraude y corrupción en las elecciones regionales del 4 de abril, desató ayer una polémica entre los legisladores de la oposición y del oficialismo respecto de la posición de la Iglesia Católica en el país.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que “como decía Cristo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, unos son temas religiosos y otros son los temas políticos; lo del mundo político, al mundo político; lo del mundo religioso, al mundo religioso”. Por su parte, el parlamentario de la opositora Convergencia Nacional (CN) Bernard Gutiérrez consideró que las declaraciones del Cardenal no representan una posición política, sino “una posición ciudadana absolutamente responsable”. “No creo que sea una posición política el hecho de reclamar el fortalecimiento de nuestras instituciones, debe existir un compromiso, no sólo de la comunidad política”.
Los documentos
En los documentos del Arzobispado figuran: fotocopia del cheque No. 03202 de la Cta. No. 10000626726 del Banco de la Unión S.A., del 22 de abril de 1999 a nombre de Julio Terrazas por Bs 115.000, firmado por el jefe de Unidad Administrativa y el Director General de Asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno.
En el archivo consta también el “comprobante de contabilidad No. 988” enviado con el cheque por el Ministerio de Gobierno, en el que se indica el destino de dichos fondos: “Compra de mobiliario a requerimiento de la Dirección Gral. de Régimen Penitenciario y se adjunta convenio interinstitucional y hoja de ruta Nro. 667/99”.
El cheque No. 03202 del Banco Unión S.A. fue recibido en el Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra con nota del 10 de mayo de 1999 del Ministerio de Gobierno firmada por Marianela Áñez de Nayar y dirigida a monseñor Julio Terrazas.
El indicado cheque fue endosado por Mons. Julio Terrazas como titular del ARZOBISPADO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA y depositado el 12 de mayo de 1999 en la Cta. Nro. 1042-164359 del Banco Económico S.A., a nombre del ARZOBISPADO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA-ALBERGUE DE NIÑOS, cuenta específica que existió para administrar todos los recursos financieros para construir y equipar el ALBERGUE DE NIÑOS denominado HOGAR DE LA ESPERANZA. Este albergue existe.
El convenio al que se hace referencia en el comprobante de contabilidad N. 988 del Ministerio de Gobierno se refiere al suscrito el 3 de abril de 1998, entre el DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN, en ese entonces YOLANDA PRADA DE BANZER y la ARQUIDIÓCESIS DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, representada por monseñor Julio Terrazas como Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra.
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