Un chileno de 49 años exige que la Iglesia católica asuma su responsabilidad y le otorgue una reparación monetaria por la presunta violación perpetrada por el sacerdote, Víctor Calderón, quién padecía de Sida y que murió en 2012 de sífilis.
La demanda fue interpuesta en los tribunales civiles en diciembre del 2016, en la que se pide una indemnización de 50 millones de pesos (unos $us 75 mil) por el delito cometido por Calderón, miembro de la Iglesia de La Merced en Chimbarongo, en el año 2005.
Los antecedentes proporcionados este miércoles por el portal Emol precisan que la querella está dirigida al Arzobispado de Santiago, representado por el cardenal Ricardo Ezzati.
El documento señala que "ni la Congregación ni el Arzobispado vigilaron jamás de manera adecuada el comportamiento de sus miembros, ya que de haber sido así, se hubiesen enterado que el sacerdote padecía sífilis y sida. Y en consecuencia, estos hechos jamás hubiesen ocurrido".
La demanda detalla los hechos ocurridos cuando la víctima, cuyo nombre no trascendió, realizaba trabajos de limpieza en las canaletas y techumbres de la parroquia, ubicada a 156 kilómetros al sur de la capital chilena. Tras finalizar sus labores, el sacerdote lo invitó a servirse unas bebidas alcohólicas en las dependencias.
"Bebí alrededor de cuatro vasos. Cuando regresé del baño, el cura ya me había servido el quinto. Seguimos conversando y después no me acuerdo de nada más. Creo que fui drogado ya que me sentía bien y de un momento a otro, ya no recordaba nada", señala el testimonio.
Una vez recuperada la conciencia, la víctima se encontraba desnudo en la cama del sacerdote con signos de haber sufrido una violación.
"Me sentía sucio, me daba asco a mí mismo, sentía que no valía nada, que todos sabían lo que me había pasado y me daba vergüenza salir a la calle. Estuve así dos semanas, muy mal, sin saber qué hacer", declaró en el documento judicial. Con el pasar el tiempo, el afectado se volvió alcohólico. "Estuve casi dos años tomando todos los días, vendí todo lo que tenía de valor, perdí mi trabajo, me endeudé y quedé prácticamente en la calle", aseveró.
Además, intentó en reiteradas ocasiones encarar a Calderón, pero el sacerdote se escondía y se negó al encuentro. "Siempre me dio miedo hacer la denuncia, porque toda mi familia se iba a enterar. Pensé que iba a perjudicar a mis hijos y que se iban a burlar de ellos. Esto me llevó a callar los hechos", afirmó.
En el 2012, denunció el hecho con las autoridades de la congregación responsable del presbítero, "y con el apoyo de mi familia, decidí hacer la denuncia ante los superiores de la Congregación Mercedaria".
La víctima asegura en su declaración que uno de los superiores de la congregación, Rodrigo Villagrán le solicitó realizarse exámenes médicos. "Después de dos semanas, me dijo que uno de los exámenes arrojó que padecía sífilis y que el sacerdote Víctor Calderón había fallecido el 26 de junio de 2012 producto de ello, y que también padecía Sida". Agregó que (Villagrán) sabía de las enfermedades del cura y por eso insistió en que se controlara, sostuvo la víctima en su testimonio judicial.
"Me ofreció una pensión de por vida y el compromiso que la Iglesia se haría cargo de mí todos los meses, como forma de reparar el daño que uno de sus miembros había ocasionado", agregó.
El Arzobispado chileno respondió que "los supuestos hechos que sustentan la acción civil habrían ocurrido hace más de diez años fuera de la Arquidiócesis de Santiago", y que el presunto autor de los mismos -ya fallecido- no pertenecía a los sacerdotes de esa institución.
Las autoridades eclesiásticas condenaron los hechos y reiteraron su compromiso "para seguir trabajando en la prevención de los mismos".
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