Iglesia censura últimos actos policiales acontecidos en el país

El monseñor Aurelio Pesoa, en representación de la Iglesia Católica dijo que la violencia no puede ser justificada bajo ningún argumento y que lo sucedido en Palmasola debe ser una lección para evitar hechos similares en un futuro.

“No es el mejor escenario para imponer un orden matando a ocho personas, ese no es un triunfo, esperamos que haya un orden en las cárceles (…) pedimos como Conferencia Episcopal de Bolivia que se eviten más acciones violentas porque lejos de una solución agrandará el problema”, sostuvo.

Adepcoca

Respecto a la represión policial contra la Asociación Departamental de Coca (Adepcoca), el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), José Fuentes, señaló que gobernar escuchando al pueblo es una manera inteligente de construir una sociedad de paz.

Fuentes hizo un llamado al Ejecutivo para que respete a las instituciones representativas del pueblo.

“Lo que está sucediendo con Adepcoca es lo que sucedió con otras instituciones que no se respeta la representatividad del pueblo y esto es un proceso un poco peligroso porque crea descontento en mucha gente, en ese sentido nosotros condenamos la represión policial”, aseveró.

Una justa

aspiración

La Iglesia Boliviana no quedó indiferente al pedido marítimo, “ponemos nuestros ojos estos días en la demanda ante la Haya y miramos como una causa justa, la aspiración al mar en un hondo deseo de todos los bolivianos”, señala en su comunicado.

A decir de Fuentes, Bolivia ha vivido su enclaustramiento marítimo como si se tratase de la amputación de un miembro del cuerpo y encontrar una solución al problema es una obligación de los Estados involucrados.

“No habrá integración regional y paz plena hasta que no se logre satisfacer esta legítima y justa aspiración del pueblo boliviano”, dijo.

Comisión Europea

De igual manera, la representante legal de la CEB, Susana Inch, se refirió al pronunciamiento de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, donde señala que “la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido”, bajo este criterio legal no podría darse una protección de derecho humano en esta temática.

Inch celebró la determinación de dicho informe para entender a cabalidad el alcance que tienen los derechos humanos y las limitaciones lógicas de su naturaleza jurídica.