Consultado sobre qué procedimiento se seguirá en caso de recibir denuncias en contra de sacerdotes, Guerrero respondió que “no se tendrá preferencias al momento de investigar alguna denuncia de abuso sexual protagonizado por un miembro de la Iglesia católica y será procesado como cualquier otro caso”, sostuvo.
El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el lunes que si hubieran afectados por la violencia sexual de sacerdotes, éstos no teman efectuar sus denuncias ante el Ministerio de Justicia. “Pido a las personas, a las familias, cuyos niños o niñas hayan sido víctimas de violación por parte de algún funcionario de la Iglesia, que se acerquen al Ministerio de Justicia, que nos relate y que se haga la denuncia", dijo. La reacción gubernamental surgió después de que la Iglesia rechazó la propuesta de que se sancione con cadena perpetua a violadores de niños que maten a sus víctimas y promovió una marcha contra la ley de identidad de género. Los obispos recordaron que también hay funcionarios públicos que cometen abusos sexuales.
Sin embargo, el rechazo a la posibilidad de aprobar una cadena perpetua para estos casos, no solo viene de la Iglesia católica, sino también de docentes de Derecho, de defensores de derechos humanos y constitucionalistas, quienes aseguran que las experiencias de la prisión perpetua en otros países han demostrado que estos delitos no se reducen. El docente de Derecho Henry Pinto dijo que en doctrina la imposición de penas duras forma parte del populismo punitivo que no ayuda a resolver la incidencia de casos. La directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño, sostuvo que estas penas solamente manipulan el dolor social y no reducen los delitos.
Rechazo
Docentes y expertos dicen que las penas duras no han logrado reducir los delitos en otros países.
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