La reforma al Código Penal vaticano presentada el jueves por el papa Francisco supone, básicamente, un endurecimiento de las penas por casos de abuso sexual, por un lado, y, por otro, los casos de corrupción financiera en el seno de la Iglesia Católica.
Hasta la histórica decisión del Papa, los tribunales del Estado del Vaticano juzgaban delitos civiles leves, “sin mayor importancia”, como señala el vaticanista Marco Politi en el diario italiano La Repubblica. Sin embargo, ahora los tribunales vaticanos deberán enfrentar delitos graves en el ámbito de la pederastia o bien de lavado de dinero, una situación sin precedente. En otras palabras, tendrán una mayor competencia legal.
“Los casos civiles más frecuentes son controversias laborales sobre derechos adquiridos, indemnizaciones, etcétera. Los casos penales suelen ser, por fortuna, leves como las multas de tráfico y pequeños robos, delitos comunes”, explica Juan Vicente Boo, corresponsal del diario español ABC en el Vaticano.
Según explica Boo, “por acuerdo internacional con Italia, los robos a cargo de carteristas en la plaza de San Pedro se juzgan en tribunales italianos. En cambio, un carterista que actúa dentro de la basílica de San Pedro o en los Museos Vaticanos acabará en el Tribunal del Vaticano. Ahora, ese tribunal deberá enfrentar delitos de suma gravedad. La cuestión es si estará preparado o, mejor dicho, dispuesto para ello”.
El fin de los fueros
El jurista Enrique Masnou, experto en derecho canónico, sostiene que “el mandato de Francisco está claro. Un delito de pederastia no es un tema concerniente a la justicia de la Iglesia. Debe ser tratado por un tribunal civil, con plena competencia, capaz de trascender los muros de San Pedro. Por eso, no es de extrañar que muchos miembros de la Curia Romana sientan que se está rompiendo el cascarón de la impunidad, sobre todo en casos de corrupción”.
Actualmente, en el Vaticano los casos más sencillos los resuelve el Juez Único. Por encima están el Tribunal del Vaticano y el Tribunal de Apelación, formados también por juristas. El Tribunal Supremo, en cambio, está formado por tres cardenales.
A fines de 2012, en medio de los rumores de renuncia de Benedicto XVI, el Tribunal del Estado Vaticano condenó a Paolo Gabriele, el mayordomo de Joseph Ratzinger, a un año y medio de prisión por el robo de documentación privada del Papa.
El empleado del Pontífice tenía en su poder más de mil documentos pertenecientes a la correspondencia privada. El mayordomo fue detenido el 23 de mayo de 2012, y aunque la pena prevista era de tres años, la ausencia de antecedentes y el buen comportamiento durante sus seis años de trabajo redujeron la pena.
El 22 de diciembre, Benedicto le concedió la medida de gracia que lo puso en libertad.
“Con Francisco esto no pasará. Las sentencias se cumplirán”, concluye Enrique Masnou.
Iglesia y justicia
Iglesia La Iglesia tiene tribunales diocesanos para juzgar asuntos religiosos aplicando el Código de Derecho Canónico sobre temas como, por ejemplo, la validez o nulidad de un matrimonio. Lo mismo hace en Roma el Tribunal de la Rota, mientras que la Penitenciaria Apostólica juzga asuntos de conciencia.
Justicia En el Vaticano existe un tribunal que trata casos civiles y penales, pero de carácter menor.
Proceso El primer proceso penal que se celebró dentro de los muros del Vaticano fue en mayo de 1974 contra siete ciudadanos italianos acusados de un robo al papa Pablo VI. Otros robos, considerados “hurtos”, no trascendieron dada su menor relevancia.
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